En menos de un mes, el gobierno de Carlos Alvarado ha hecho mas para enfrentar la amenaza fiscal que se cierne sobre nuestro país, que lo que hizo en cuatro años el gobierno anterior. Esto nos hace regocijarnos, pero no por eso debemos perder la perspectiva.
La ciudadanía parece ilusionarse con la noción de que con las medidas de recorte de gasto que presentó la ministra de Hacienda, mas el proyecto de reforma fiscal que deberá discutir la Asamblea Legislativa, el problema fiscal quedará resuelto. Ya sea como expresión de un deseo oculto, de un profundo cansancio sobre el tema, o derivado del entusiasmo que genera un gobierno que al fin da algunos pasos, después de cuatro años de parálisis, lo cierto es que existe una sensación de que estamos a las puertas de resolver un problema urgente.
Pero hay que decirlo desde ya: no estamos cerca. Es sin duda un buen inicio, pero la matemática es clara: los recortes planteados ahorrarán alrededor de un 0,5% del PIB (recortes que por cierto habría que incluir en leyes para garantizar su sostenibilidad y no dejarlas a la voluntad del Poder Ejecutivo) y el proyecto de ley de reforma fiscal sumará un 1,5%. Con esas cifras, no alcanza siquiera para cumplir la meta que se propuso el gobierno, la de eliminar el déficit primario para el 2022 (3.1 % del PIB). En la práctica, esto significa que dentro de tres o cuatro años estaremos nuevamente en una situación de deterioro de las finanzas públicas, ya sea por la vía de un alto déficit, o por la de un aumento inconveniente del endeudamiento del país.
Lo cierto es que la meta de reducir el déficit primario a 0, tampoco es suficiente para estabilizar las finanzas públicas de manera sostenible. Como lo señala el economista Thelmo Vargas en un reciente artículo publicado en el periódico La Nación, el ajuste debe tener como objetivo no un déficit primario de 0 para el 2022, sino de un superávit de un 1,5%. Esto significa que el ajuste que debe hacerse, entre recorte de gastos, y aumento de impuestos, debe ser de al menos un 4% del PIB, mas o menos dos veces de lo que se está planteando.
Es posible que por el lado de impuestos se pueda hacer algo más, sobre todo en lo que se refiere al reforzamiento de la administración tributaria y al cierre de los portillos que permiten la elusión. Pero recargar el ajuste por el lado de los impuestos, como lo advierte Vargas, puede tener un impacto importante en el crecimiento económico.
Pero sí es posible hacer mas por el lado del gasto. Algunas de estas medidas ya las había presentado en otra entrada de mi blog, pero vale la pena reiterarlas, y agregar algunas nuevas. Lo primero, es presentar un proyecto de ley -para lo cual no se necesita un año como ha pedido la ministra de Hacienda-, para crear un régimen de empleo público homogéneo para todo el sector público, basado en el concepto de salario único. Ciertamente este un proyecto de impacto diferido, pero precisamente por eso urge adoptarlo rápidamente. Se aplicaría solo a las nuevas contrataciones, aprovechando que en los próximos 5 años podría pensionarse hasta un 50% de los actuales funcionarios.
Otra medida es la de establecer un límite para para el porcentaje del salario que se recibe por anualidades (ahora es absolutamente abierto, por los que es común tener montos de anualidad que superan el salario base) Y a quienes ya excedan esta cifra, se le aplicaría un impuesto especial, que no debería ser de difícil recolección, y que es claramente progresivo.
Está también el tema de cobrar el impuesto de renta al salario escolar, que es un ingreso igual que cualquier otro, pero que solo lo perciben los funcionarios. Y, aunque recientemente la Sala Constitucional emitió un fallo limitando a 12 la cantidad de años de referencia para la cesantía, lo cierto es que no hay ninguna razón para que esa cifra sea superior a los 8 años que define el Código de Trabajo.
Por último, es necesario comenzar una discusión objetiva sobre la necesidad de homologar todos los sistemas de pensiones en el sector público. Sin duda se ha avanzado mucho en esta dirección, sobre todo en la línea de eliminar excesos. Pero ciertamente no hay razón para que haya sistemas de pensión especiales, como el del Poder Judicial, que requieren de transferencias importantes para su sostenibilidad.
Seguramente habrá más medidas, tanto del lado del gasto como el de los ingresos. Y hay que discutirlas. La tentación de declarar resuelto el problema fiscal con lo que se está planteando actualmente es muy peligrosa. Hay que decir la verdad y actuar en consecuencia.