Después de cuatro años de irresponsable inacción con respecto al tema fiscal, en tan solo unos meses se logró construir una mayoría parlamentaria que permitió aprobar un proyecto del que venimos hablando desde hace 13 años. Posiblemente no sea la mejor versión de todas las que se han discutido, y definitivamente no es lo único que hay que hacer, pero es un paso en la dirección correcta, en el camino de evitar una debacle económica de proporciones épicas.
Varios factores confluyeron para obtener este resultado. Uno de ellos fue el acelerado deterioro de las finanzas públicas, espoleado por la negligencia del gobierno Solís, que comenzó a tener un impacto concreto en las finanzas familiares, como lo tuvo el aumento del tipo de cambio en un país con literalmente millones de operaciones de crédito en dólares. Apretada en el bolsillo por una situación que hasta ese momento le parecía muy lejana, la ciudadanía ha terminado aceptando, a regañadientes, la necesidad de una reforma fiscal.
De la misma manera, la actuación de algunos opositores al proyecto terminó también construyendo un importante bloque de apoyo al proyecto. El dogmatismo de los sindicatos del sector público, su insensibilidad hacia el sufrimiento causado a la ciudadanía con la suspensión de servicios esenciales, y las penosas declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, terminaron generando una ola de indignación que derivó en, por lo menos, una "no oposición" al proyecto.
Pero, y sin demérito de otros factores, esta reforma fiscal se pudo aprobar por la actitud de la oposición. Y no se trata solo de una buena disposición para votar el proyecto, sino que los diputados de oposición asumieron un papel protagónico, claramente mas activo que el que asumió la discreta fracción oficialista, en la defensa de la reforma. La iniciativa política de este proceso no estuvo en Zapote sino en Cuesta de Moras, y no fue liderado por Alvarado y Piza, sino por Benavides, Masís y Morales, entre otros.
Sin embargo hay que reconocer el aporte de Alvarado, sobre todo si se contrasta con la actitud de su predecesor. Carlos Alvarado ha tenido la virtud de entender que su elección es el resultado de un alineamiento de astros muy particular, y ha asumido su rol en consonancia con este reconocimiento. Se trata de un presidente con una reducida base de apoyo político, electo más para evitar la elección de otro candidato que por otras razones.
A diferencia de Solís, que envanecido por un triunfo de características similares cargó infundadamente contra el principal partido de oposición y postergó cualquier discusión seria sobre la situación fiscal por cuatro años, Alvarado entendió desde el principio la precariedad de sus apoyos políticos, colocó el tema fiscal como prioridad de su agenda política y se preocupó por tender puentes con los 47 diputados de oposición, aprovechando así una disposición positiva que comenzó a concretarse en la elección de Carolina Hidalgo como presidenta del Congreso. Supo además dimensionar correctamente las limitaciones de su gobierno, aprovechando la experiencia política de actores fuera de su partido, experiencia que no tienen ni él ni su ministro de la Presidencia. Haber entendido esto, y actuar en consecuencia, ha sido su mayor virtud hasta ahora.
Es importante preservar este clima de entendimiento. Esta Asamblea Legislativa exhibe una dinámica distinta a las últimas tres, debido en buena parte a que el PAC no es oposición, o no se comporta como si lo fuera, tal como pasó entre el 2014 y el 2018. Hay que aprovechar la coyuntura para avanzar una agenda de consenso en temas que han sido postergados, por el PAC como oposición o en los cuatro años perdidos del gobierno Solís. Es el momento propicio para ello.