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Democracia e instituciones en tiempos de populismo

Foto del escritor: Roberto J. Gallardo N.
Roberto J. Gallardo N.
5min
3 min de lectura

El populismo se ha convertido en uno de los fenómenos políticos más relevantes de nuestro tiempo. Su crecimiento no puede explicarse únicamente por la aparición de nuevos liderazgos o el desgaste de los partidos tradicionales. También responde a cambios más profundos en la forma en que se entiende la representación política, la legitimidad del poder y la relación entre la ciudadanía y las instituciones democráticas.


Una de las aproximaciones más útiles para comprender este fenómeno es la propuesta de la politóloga argentina María Esperanza Casullo, quien analiza el populismo desde su dimensión discursiva. Su planteamiento permite verlo no tanto como una ideología específica, sino como una forma de construir narrativas políticas que buscan explicar la realidad, identificar responsables de los problemas y ofrecer una solución a la crisis acudiendo a argumentos simples que no recogen la complejidad de lso fenómenos sociales y políticos.


Dentro de esa narrativa suelen aparecer tres elementos centrales: un líder que se presenta como la voz auténtica del pueblo, un adversario señalado como responsable de los males que enfrenta la sociedad y un pueblo concebido como una unidad  moral cuya voluntad habría sido ignorada o traicionada. Desde esta perspectiva, la política deja de entenderse como un espacio de negociación entre intereses diversos y pasa a plantearse como una disputa entre quienes representan al pueblo y quienes supuestamente actúan en su contra.


La discusión democrática surge cuando esta lógica se traslada a la relación entre liderazgo e institucionalidad. La democracia representativa no se reduce a la voluntad de las mayorías expresada en las urnas. También descansa en reglas, controles y contrapesos diseñados para limitar el ejercicio del poder, incluso cuando un gobierno cuenta con un amplio respaldo ciudadano. La legitimidad electoral de un gobernante no elimina la legitimidad de los demás poderes del Estado ni convierte sus decisiones en incuestionables.


Esto no significa que las instituciones costarricenses deban estar exentas de crítica. Todo lo contrario. El cuestionamiento y la fiscalización son componentes esenciales de cualquier democracia saludable. La diferencia radica en distinguir entre señalar deficiencias o errores en el funcionamiento institucional y poner en duda la legitimidad de las instituciones cada vez que sus decisiones resultan incómodas para quienes ejercen el poder. Lo primero fortalece la rendición de cuentas; lo segundo puede debilitar los mecanismos que limitan los excesos del poder político.


La discusión adquiere especial relevancia en un escenario marcado por el debilitamiento de los partidos políticos, la fragmentación electoral, el abstencionismo y la creciente insatisfacción ciudadana. Cuando los canales tradicionales de representación pierden capacidad para responder a las demandas sociales, los liderazgos personalistas encuentran terreno fértil para presentarse como un vínculo directo entre la ciudadanía y el poder. La promesa suele ser atractiva, porque reducir la burocracia, superar los bloqueos institucionales y devolverle la voz al pueblo es una aspiración con la que es muy fácil identificarse. Sin embargo, existe el riesgo de que esa relación directa termine concentrando la autoridad en una sola figura, bajo la premisa de que interpreta mejor que nadie la voluntad popular.


También conviene recordar que el apoyo a la democracia no siempre va de la mano con la satisfacción respecto a su funcionamiento. Es posible respaldar el sistema democrático y, al mismo tiempo, sentirse profundamente decepcionado por sus resultados. Esa brecha crea espacio para soluciones personalistas y para aceptar prácticas que pueden erosionar los controles institucionales cuando se presentan como la única vía para resolver los problemas del país.


El populismo, por sí mismo, no conduce inevitablemente a la autocracia. En muchos casos ha servido para visibilizar déficits de representación y ampliar la participación política. Sin embargo, sus expresiones más delegativas, aquellas que concentran poder en el Ejecutivo y reducen los espacios de control, pueden contribuir al deterioro gradual de los equilibrios democráticos.


La cuestión de fondo no es si la voluntad popular debe prevalecer. En democracia, esa legitimidad es incuestionable. La verdadera discusión gira en torno a quién la interpreta, cómo se expresa y cuáles son sus límites. El pueblo no es una voz única ni homogénea. Está formado por ciudadanos con intereses, identidades y visiones distintas, cuya convivencia requiere pluralismo, instituciones independientes y respeto por las reglas del juego.


Al final, una democracia no se define solamente por la capacidad de elegir a quienes gobiernan. También se mide por la existencia de mecanismos capaces de limitar su poder. Esa es, precisamente, la diferencia entre gobernar en nombre del pueblo y asumir que se es su único intérprete legítimo.

 

 
 
 

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