Esta es una ciudadanía indignada no solo porque le niegan un servicio que se financia con sus impuestos, sino además porque se sabe derrotada. Que cada vez mas reafirma su certeza de que está sola ante gremios irresponsables a los que no les importa nada con tal de defender sus privilegios salariales. Es una ciudadanía que paulatinamente pierde la fe en la institucionalidad, y a la que probablemente juzguemos con dureza cuando encumbre al poder opciones populistas que le prometen tierra arrasada. Pero acordémonos de esto cuando lo hagamos.
Este es un muro de la vergüenza, no solo para los sindicalistas que provocan estos sentimientos de furia, dolor y desazón, sino también para un gobierno débil que se solaza en gestos vacíos que no comunican nada. Aunque no debería sorprendernos: es el heredero del gobierno que celebró el levantamiento del veto a la reforma procesal laboral, como un hito histórico, de ese mismo gobierno en el que el director de la inteligencia nacional se mensajeaba jubiloso con los lideres sindicales celebrando la patente de corso que obtenían con ese gesto. Del partido que en el Melico Salazar firmó una alianza con los sindicatos que tienen hincado al gobierno.
Urge aprobar el proyecto que regula las huelgas en el sector público. No podemos volver a atravesar una huelga de 80 días como la del magisterio el año pasado, o una de tal nivel de cinismo e insensibilidad como las de los empleados de la Caja. Que este muro de la vergüenza esté en la retina de todos los diputados y diputadas a la hora de votar este proyecto. Que le lancen un salvavidas a esta ciudadanía que se hunde en el fango al que lo han arrastrado los Albinos del país. Antes de que sea muy tarde.
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