En el debate organizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), José María Villalta, candidato presidencial y diputado por el Frente Amplio, se refirió a la concesión de la ruta 27 haciendo afirmaciones que solo pueden derivar de una profunda ignorancia, o de una práctica política perversa que se basa en la difusión de hechos infundados.
La concesionaria no ha “recuperado varias veces” su inversión inicial, como expresó Villalta. Esta simpleza, que ha sido reproducida interesadamente por los enemigos de las concesiones, refleja un desconocimiento imperdonable en una persona que aspira a la Presidencia de la República. Se da a entender que todo lo que se recauda en peajes “se los gana”, íntegros, la concesionaria. Para decir algo así de veras que se necesita ser muy poco riguroso, o muy malintencionado.
De lo que se recauda por peajes en la concesión salen los recursos para el mantenimiento de la vía, el pago de salarios, seguros, préstamos e impuestos, entre otros gastos necesarios para la operación de la carretera. Pero, además, lo recaudado debe llevarse a valor del 2000, que es el año en que se definieron la condiciones para la concesión. Porque, y parece mentira que haya que explicarle esto a quien ha sido diputado y candidato presidencial dos veces (y asesor legislativo cuando no es alguno de los anteriores), el valor del dólar en el 2000 era uno muy diferente al valor del dólar en el 2022. A la empresa hay que devolverle lo que establece el contrato, denominado Valor Presente de los Ingresos (VPI) eliminando el efecto de la inflación. Así de sencillo.
Adicionalmente, es importante mencionar que actualmente la concesionaria ha recuperado cerca de un 73% del VPI establecido en el contrato, por lo que es de esperar que se alcance el 100% dentro del plazo contractual que es de 25 años, lo que permitirá una mejor negociación del contrato de ampliación.
La segunda afirmación de Villalta es que el Estado “sigue asumiendo los riesgos” asociados a la concesión. Esta es otra falsedad flagrante. Cualquier daño derivado del diseño y construcción de la carretera, debe ser asumido por la concesionaria. Los recursos para esas labores vienen de los peajes. Si por alguna razón eso no alcanza, los inversionistas de la concesionaria deben asumir ese costo. Es decir el riesgo de diseño y construcción de la obra es responsabilidad del concesionario.
En el fondo, Villalta y el Frente Amplio, como lo han dejado patente su candidata a la vicepresidencia y al primer lugar de diputados por la provincia de Guanacaste, no creen en las alianzas público-privadas porque en su visión particular, los empresarios son un grupo sin escrúpulos, tal y como lo insinuó la exdiputada Mora. Mentir sobre una concesión es una forma de deslegitimar un instrumento que cuenta con la participación de la empresa privada. Mejor dijeran abiertamente, como lo hicieron en tiempos de la concesión de la carretera a San Ramón, que se oponen a todo tipo de concesión. Por lo menos no estarían obligados a decir cosas que no son ciertas.
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