¿Qué está pasando con algunos proyectos importantes de la infraestructura vial en Costa Rica? Lo primero que uno podría concluir es que no hay mucha claridad, en un ámbito tan estratégico para el país. Ejemplos, desafortunadamente, hay varios.
En el caso de la carretera entre San José y San Ramón, lo único cierto es que se va a rescindir el contrato de fideicomiso con el Banco de Costa Rica, y lo que se ha dicho es que se va a licitar una "versión reducida" del proyecto original para no elevar mucho el peaje. Pero, ¿no era este el objetivo del MOPT al invertir $120 millones en las denominadas "obras impostergables (OBIS)"? ¿Por qué ahora hay que "reducir" el proyecto? Y mas importante aún, ¿qué dejará por fuera esta nueva versión? ¿No sería una escenario de pesadilla que, después de más de una década de atraso, el proyecto que se licite sea uno muy similar al que iba a construir la concesionaria en el 2011?
Lo único que parece quedar claro hasta ahora es que es muy improbable que se pueda intervenir esta carretera en el corto plazo. ¡Qué caro nos ha salido el populismo politiquero con este proyecto!
Otro ejemplo de esta falta de definición es el de la ruta 27. Al igual que en su momento lo anunciara el gobierno de Luis Guillermo Solís y su ministro del MOPT, Chaves y su ministro del MOPT han hecho público su deseo de "sacar" a la concesionaria de la carretera. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo: terminar anticipadamente la concesión le costaría al Estado costarricense al menos $350 millones, monto que habría que sumar al costo de la ampliación misma, con lo que el peaje aumentaría a niveles insostenibles. A menos que, como lo dijera sin pestañear el ministro Amador, nos obliguen a volver a los tiempos en que la principal ruta hacia el Pacífico costarricense era la Ruta 1, incluyendo el peligrosísimo tramo de Cambronero. ¿Eso es lo que necesita el país? Además, ¿realmente queremos una ruta 27 operada por CONAVI para que nos digan, cada vez que haya un derrumbe, que la carretera permanecerá cerrada por 3, 4, 5 o más días, como sucede con la Ruta 32?
Aquí lo que cabe es sentarse a negociar seriamente con la concesionaria, y llegar a un acuerdo razonable para todas las partes que permita construir esta impostergable ampliación. Un acuerdo que incluya temas como el aporte del Estado, el plazo de la concesión, la posible redefinición del porcentaje de utilidad para la empresa e incluso la actualización de los estándares de mantenimiento. Lo menos que el país necesita es un pleito legal interminable, que posponga el inicio de la ampliación de esta carretera vital. Suficiente fue el atraso que sufrió esta obra en el gobierno de Luis Guillermo Solís, que anunció con bombos y platillos la "recuperación" de la concesión, lo que al final no fue más que un gesto populista que resultó en una pérdida de tiempo que nos está saliendo muy cara.
La tercer obra para la que urge una definición es la ampliación del trayecto entre Limonal y Barranca. Está claro que lo que se pretende es ceder el contrato, pero no se sabe mucho mas que eso. Primero se intentó que lo asumiera una empresa mexicana acusada de prácticas irregulares, como sobrecostos en las obras, en proyectos realizados en EEUU y México. Luego se mencionó a la empresa CHEC, la misma que construye actualmente la ruta 32, pero las negociaciones se han extendido por 6 meses sin que haya humo blanco. A esto se suma la decisión del MOPT de declarar confidencial el proceso, tomada hace apenas unos días, que no hace mas que acrecentar las dudas alrededor de esta obra.
El panorama, en general, no es optimista. A estas alturas, pensar que alguno de estos proyectos estará en marcha al final de período de gobierno, parece difícil. Creo que el país se conformaría conque por lo menos en estos tres años que quedan, el gobierno exhiba más claridad sobre lo que hay que hacer.